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La
bioenergía es “thickvalue”, una
actividad de “alto valor” para la sociedad,
pues genera puestos de trabajo y es sostenible,
lo que contrasta con los atributos de los combustibles
fósiles, que son “thin value”
o de “reducido valor”para la sociedad
puesto que reducen nuestra soberanía energética
como país y nos empobrecen. La bioenergía
procura 135 nuevos empleos sostenibles por cada
10.000 habitantes, frente a los 9 empleos que genera
el uso de combustibles fósiles (según
FAO y la Asociación Austriaca de Bioenergía).
El
Gobierno puede contribuir a crear más empleos
sostenibles con la bioenergía. ¿Cómo?.
Éstas son las principales recomendaciones
que proponen los profesionales del sector de la
bioenergía al nuevo Ejecutivo.
1.
Menos trabas administrativas
Las
Administraciones Públicas limitan y/o retrasan
a menudo el desarrollo de proyectos por la elevada
burocracia y lentitud que imponen y por la confusión
de competencias entre ellas. El Gobierno debería
dar prioridad de inversión en industrias
o sectores que generan mayor valor para la sociedad,
sobre todo en lo relacionado con la innovación.
Según el documento “Burocracia en instalaciones
de Bioenergía”, en el que se comparan
130 casos reales de toda Europa, la instalación
de una planta de biomasa en España requiere
una media de 24 meses de trámites y de 5
a 7 permisos; las mismas condiciones que en Polonia
y Grecia, sólo superadas en Bulgaria y Eslovaquia.
En Alemania, sin embargo, la tramitación
requiere 1 o 2 permisos y 17 meses de espera. El
estudio fue realizado por la Dirección General
de Transportes y Energía de la Comisión
Europea, en 2009.
2.
Externalización
La
financiación de los bancos a los proyectos
de generación eléctrica con biomasa
depende de su viabilidad económica y, sobre
todo, de la seguridad en el abastecimiento de la
biomasa a largo plazo. Externalizar la gestión
de la masa forestal durante el periodo de amortización
(30-40 años) de la instalación puede
aumentar la probabilidad de éxito de la misma.
El sistema actual demuestra la dificultad que encuentran
los gestores públicos para propiciar la creación
de una red de industrias y empresas dispersas por
las masas forestales del país que sean capaces
de aprovechar las posibilidades que ofrecen las
enormes extensiones de pino, rebollo y otras especies,
que en la actualidad no tienen uso comercial. Los
planes de ordenación forestal serían
el nexo de unión entre el gestor de la masa
y la Administración que garantizarían
la sostenibilidad de los aprovechamientos de biomasa.
3.
IVA reducido
Los
biocombustibles sólidos y las calderas que
los utilizan soportan el mismo IVA que los combustibles
fósiles y los equipamientos relacionados.
El sector de la bioenergía se pregunta si
realmente tiene sentido aplicar el mismo IVA a un
combustible positivo para la sociedad que a otro
cuyo aporte se demuestra netamente negativo. Mientras
que en España este impuesto es del 18%, en
otros países europeos se aplica un IVA reducido
a los biocombustibles sólidos. En Austria
es del 10%; en Alemania del 7%; en Francia, del
6%, y en el Reino Unido, del 5%.
4. Marco jurídico estable
La
incertidumbre regulatoria ahuyenta a los inversores
y puede generar situaciones complicadas a las empresas
que han invertido y se encuentran sorpresivamente
con “reglas del juego” diferentes. Un
marco jurídico estable para la bioenergía,
como también para otras industrias que generen
empleos de forma sostenible y aumenten la soberanía
energética, es fundamental.
5.
Menos costes de contratación
Las
empresas bioenergéticas deberían soportar
menores cargas de contratación, premiando
de esta forma su carácter de actividad limpia
que contribuye a aumentar nuestra soberanía
energética y a reducir los costes de producción
de bienes y servicios para la sociedad.
6.
Tasa de CO2
La
tasa sobre las emisiones de CO2 generadas por cualquier
tipo de combustible fósil es una medida implementada
con éxito en Suecia, Finlandia y otros países,
y que ha supuesto el auténtico despegue de
la biomasa y las EERR en dichos países. En
Suecia se introdujo una tarifa de 20 €/t, que
provocó que empresas y particulares invirtieran
más en aislamiento y EERR. La imposición
de una tasa de CO2 no supone un aumento de la carga
fiscal al ciudadano si este dinero se utiliza para
rebajar los costes de contratación de las
empresas de bioenergía, fomentando doblemente
el empleo.
“No
podemos seguir deslocalizando la producción
de energía. Tenemos la solución, la
gente y el conocimiento para producir 594.000 puestos
de trabajo para el 2050 con la sustitución
de los combustibles fósiles por bioenergía.
El sector de la bioenergía y la sociedad
pedimos a los políticos que dejen de comprar
energía exterior, ya”
Javier
Díaz/
Presidente de AVEBIOM
AVEBIOM es la Asociación Española
de Valorización Energética de la Biomasa;
tiene 185 socios que generan un volumen de facturación
de 3.000 millones de euros y 8.500 empleos. En la
actualidad ostenta la vicepresidencia de AEBIOM,
la Asociación Europea de la Biomasa.
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