La nueva legislación,
en la que se regulan las primas del sector, es un partido
en tablas. La polémica sigue.
El Real Decreto 1578/2008
sobre energía solar fotovoltaica dejó entre
las empresas un sabor agridulce. Así quedó
de manifiesto el lunes en las jornadas organizadas sobre
el sector por Unidad Editorial, grupo que edita EXPANSIÓN
y El Mundo, entre otras publicaciones.
El decreto, que trata de racionalizar el
enorme crecimiento que ha tenido el sector fotovoltaico
en España en los dos últimos años,
ha sido un mal menor. Frente a los primeros borradores (muy
restrictivos en cuanto a las primas y con cupos para nuevas
instalaciones muy limitados), finalmente el Gobierno dio
con una fórmula algo más flexible que ha conseguido
apaciguar al sector, pero sólo a medias y durante
un tiempo.
El consenso generalizado entre las empresas
es que esta legislación debería ser sólo
temporal (a modo de puente), para llegar hasta un entorno
normativo más realista con las capacidades de desarrollo,
en términos industriales y de empleo, que ofrece
la energía fotovoltaica en España. La mejor
expresión de lo que supone la nueva legislación
la ofreció el lunes Juan Laso, responsable de la
Asociación Empresarial Fotovoltaica. “Se ha
jugado en un terreno embarrado, y con el empate nos podemos
dar por satisfechos”.
La energía fotovoltaica ha sufrido
todo tipo de críticas por lo que sus primas están
suponiendo en términos de incremento del déficit
de tarifa eléctrico en España (la diferencia
entre los ingresos de las eléctricas y los costes
que soporta el sistema, entre ellos, esas subvenciones a
las energías renovables). El decreto fotovoltaico
no es el ideal para las empresas del sector, pero al menos
les supone un respiro, sobre todo en comparación
con los primeros borradores, que si se hubieran trasladado
íntegros a la normativa, hubiera supuesto el parón
total del mercado.
Con todo, al margen de los cupos y las
primas, hay lagunas dentro de la nueva normativa que las
empresas critican. Por ejemplo, el escaso incentivo en términos
relativos que se le da a las instalaciones fotovoltaicas
situadas en edificios, y que van a hacer que este tipo de
instalaciones no termine de despegar. También se
vaticina un problema competencial entre administraciones.
Para adjudicarse los nuevos cupos de instalaciones, habrá
que ir a concursos que administrará el Gobierno central,
cuando las competencias a la hora de dar permisos de obras
y otro tipo de licencias están en manos de las Comunidades
autónomas. A las jornadas de Unidad Editorial asistieron
profesionales como Ernesto Macías, de la Asociación
Europea de la Industria Fotovoltaica (Epia), y Javier Anta,
de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif).
Mientras tanto, el ministro de Industria,
desde otro foro, echaba leña al fuego insistiendo
en el fuerte incremento que se ha producido en España
en la retribución a las energías renovables,
factura que soportan los usuarios en su recibo eléctrico.
Las energías renovables, evitan la transferencia
de renta a los países con recursos energéticos
fósiles, son fuentes no agotables y limpias porque
no emiten gases de efecto invernadero, dijo Sebastián.
Ahora bien, son “muy costosas”, aseveró
el ministro, que apuntó que el año pasado
las primas dadas al sector para hacerlo competitivo sumaron
2.000 millones de euros, mientras que este año ascenderán
a unos 3.000 millones de euros como consecuencia del “boom
fotovoltaico”.
Estas primas, añadió, representarán
este año cerca de dos tercios del déficit
tarifario y apuntó que la subida del 5,7% del recibo
de la luz aplicado en junio sólo ha servido para
cubrir este coste. Industria convocará a las compañías
a una reunión el próximo jueves 30 de octubre
a las 18:30 horas en Madrid para analizar fórmulas
para acabar con el déficit tarifario. Las eléctricas
siempre han reclamado que para acabar con ese déficit,
las tarifas finales se ajusten a la realidad del mercado,
y que determinados costes, como las primas renovables, salgan
del sistema eléctrico.
