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España- Se configura un frente común contra las medidas "anti-renovables" del gobierno.

 

 

8 de febrero de 2013

Las cuatro principales asociaciones de energías renovables de España configuran un frente común para reclamar ante organismos nacionales e internacionales por las medidas del gobierno.


Las cuatro principales asociaciones de energías renovables de España, el ANPIER (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables), el APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), Protermosolar (Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica) y el UNEF (Unión Española Fotovoltaica) han realizado hoy una rueda de prensa y publicado un comunicado en los que se manifiesta su rechazo frontal al Real Decreto-ley 2/2013 aprobado por el gobierno el pasado Viernes 1 de Febrero. En el comunicado se señalan que harán oír su voz ante los organismos nacionales e internacionales para denunciar la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables en España.

El comunicado denuncia la grave discriminación que padecen las energías renovables en España frente a otros tipos de generación convencional en el último decreto ley aprobado. Deacuerdo a este, las instalaciones renovables sufrirán un descuento de su retribución de casi 500 millones de euros, mientras que el resto del sistema eléctrico experimentará un incremento de ingresos superior a los 1.000 millones de euros.

También se denuncia que la aprovación del último real decreto, al igual que otros que han afectado negativamente a las renovables, se han hecho sin consensuar, ni siquiera comunicar, con el sector antes de su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado), momento a partir del cual entra en vigor.

Han sido toda una serie de medidas y decretos los que se han sucedido en los últimos años y que han perjudicado muy negativamente a las renovables. Se iniciaron en la ultima etapa del anterior gobierno y se han visto profundizadas y agravadas por el actual. La limitación horaria a las plantas existentes (RD 1614/2010 y RD-L 14/2010), la moratoria (RD-L 1/2012), el establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012) o el más reciente Real Decreto-ley 2/2013 constituyen una buena muestra de la política de ataque contra las renovables.

En la práctica y en palabras sencillas, lo que implica esta acumulación de medidas es que todas las importantes inversiones en grandes instalaciones renovables que se han hecho en los últimos años en base a unas condiciones de retribución estipuladas por ley que se estimaban estables por ser España una país con supuesta seguridad jurídica, ven cambiar las reglamentaciones de retribución a peor en poco tiempo . Esto supone que los ingresos de las instalaciones renovables que debían ser fijos por ley en bastantes años, se ven bruscamente modificados y reducidos, lo que implica que muchas instalaciones no cumplirán sus planes de retorno de la inversión y se verán abocados la quiebra económica (aparte del frenazo en inversiones nuevas).

Así pues, se da la contradicción de que la seguridad jurídica que reclama el gobierno de España en Argentina y Bolivia en los casos de las petroleras Repsol YPF y Gas Natural con las nacionalizaciones en aquellos países, el propio gobierno español la incumple en España con los inversores nacionales y extranjeros en renovables.

El comunicado señala que El Real Decreto-ley 2/201, la última medida adoptada y que ha propiciado esta alianza, "saca, en la práctica, a las energías renovables del mercado y las obliga a recibir la tarifa regulada. Una tarifa regulada que ya no se actualizará según el IPC, sino según un indicador elaborado casi ex profeso y, vistos los antecedentes, nadie garantiza que la retribución no vaya a ser modificada a discreción del regulador en el futuro para despejar la siguiente urgencia que aparezca en la mesa del MINETUR . Hoy los inversores en energías renovables carecen de parámetros que les permitan predecir cuál será su retribución"

También, el comunicado denuncia la campaña de difamación que han sufrido las energías renovables con la intención de tratar de generar en la sociedad una opinión contraria a las mismas, medida que por cierto no ha surtido ningún efecto ya que el Eurobarómetro señaló recientemente en un informe que el 81% de los españoles está a favor de las energías renovables. En esta campaña de malinformación, el comunicado destaca las declaraciones no ajustadas a la realidad de los responsables del Ministerio de Industria y Turismo encaminadas a culpabilizar a las energías renovables del déficit tarifario que aqueja al sistema eléctrico (cuando la mayor parte del mismo no guarda relación alguna con ellas) o el tratar de confundir entre régimen especial y energías renovables (todas las energías renovables están en el régimen especial, pero no todo el régimen especial son renovables ya que incluye cogeneración que puede ser con combustibles fósiles o la quema de residuos pudiéndo estos no tener un origen renovable).

Con la misma intención, el comunicado señala que se ha tratado de ocultar los beneficios que las energías renovables han generado en España, como son el gran número de puestos de trabajo creados (y que con estas política se están destruyendo) o que en el periodo 2005-2011 las energías renovables abarataron el mercado eléctrico en 7.607 millones de euros más que lo que se gastó en primas para las mismas.

Por último, entre otros aspectos, la nota destaca lo poco conveniente para el interés común de la eliminación por parte del gobierno de su sector de las energías renovables. España importa el 80% de la energía que consume lo que supone el 86% del déficit de la negativa balanza comercial del país. Se señala igualmente que esta política contrasta con la tendencia general de la mayoría de los países de fomento de estas fuentes de energía, en los cuales la industria española podría (y de hecho en parte lo hace) jugar un papel destacado debido a la vanguardia en la que se encuentra.

Ver comunicado.

 

 
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